LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA Y EL FIN DE SIGLO 1874-1898

La Restauración Monárquica y el Fin de Siglo (1874-1898)

El año 1874 marcó un punto de inflexión en la historia de España con el pronunciamiento del general Martínez Campos, que dio inicio a la Restauración monárquica y al reinado de Alfonso XII. Este periodo introdujo el sistema bipartidista de alternancia entre el Partido Liberal y el Conservador, aportando una estabilidad institucional que se consolidó con la Constitución de 1876.

La integración en el Ejército y el debate competencial

Un cambio normativo fundamental ocurrió con la publicación de la Ley Constitutiva del Ejército de 1878. A partir de este momento, la Guardia Civil dejó de ser considerada un «cuerpo auxiliar» para integrarse plenamente como un Cuerpo adicional del Ejército.

Esta condición militarizaba profundamente sus funciones:

  • Toda la actividad de los agentes quedó sometida a la jurisdicción militar.
  • Los delitos de agresión, resistencia o simple insulto a un guardia civil en ejercicio de sus funciones eran juzgados por tribunales militares, bajo la premisa de que el cuerpo actúa como un instituto armado y centinela permanente.

Este reforzamiento de su carácter militar otorgó un enorme protagonismo al Ministerio de la Guerra en el control del orden público, relajando la obediencia de los agentes hacia los gobernadores civiles.

Esta situación provocó fuertes tensiones políticas. Ministros como Moret (1884) y Silvela (1891) intentaron devolver la institución a la órbita civil reforzando al Ministerio de la Gobernación, chocando con la resistencia del general Weyler desde el Ministerio de la Guerra. Como consecuencia de estas disputas, el Ministerio de la Gobernación comenzó a potenciar y reforzar la Policía, buscando reducir la hegemonía que la Guardia Civil mantenía en materia de seguridad nacional.

El ferrocarril y la seguridad en la Revolución Industrial

La Revolución Industrial en España estuvo íntimamente ligada al desarrollo del ferrocarril. Tras la inauguración de las líneas Barcelona-Mataró (1848) y Madrid-Aranjuez (1851), surgieron grandes compañías ferroviarias como TBF y MZA para conectar el centro peninsular con el litoral mediterráneo.

La expansión y el éxito de esta infraestructura de transporte fueron posibles gracias a la seguridad en el ámbito rural que garantizaba la Guardia Civil. La implicación del cuerpo con el sector ferroviario se consolidó de forma definitiva en 1886, año en que la Guardia Civil asumió a nivel nacional el servicio de escolta en los trenes de viajeros.

Conflictividad social y terrorismo anarquista

La industrialización propició el nacimiento de una clase obrera organizada y, con ella, un notable incremento de la conflictividad social en España. Los distintos gobiernos recurrieron con frecuencia a la Guardia Civil para contener las revueltas de obreros y campesinos.

El periodo se volvió especialmente violento debido a la aparición del terrorismo anarquista, que golpeó al país con acciones de gran impacto, entre las que destacó el atentado con bomba en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en 1893.

El Desastre del 98 y la reorganización territorial

El conocido como Desastre del 98, que supuso la pérdida de las últimas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la guerra contra los Estados Unidos, tuvo un impacto directo en la estructura del cuerpo.

La derrota obligó a la disolución de los Tercios ultramarinos y a la repatriación de todos sus efectivos a la península. Este aumento repentino de la plantilla en la metrópoli se aprovechó para acometer una importante reorganización estratégica:

  • Se creó la Comandancia de Canarias.
  • Se fundaron las Secciones de Ceuta y Melilla.
  • Se incrementó significativamente el número de Puestos de la Guardia Civil en todo el territorio nacional.

Financiación local y las Casas Cuartel

Debido a la debilidad presupuestaria del Estado y a la ampliación de la plantilla, las provincias y municipios que solicitaban la protección del cuerpo tuvieron que contribuir económicamente a su sostenimiento.

De este modo, se destinaron efectivos financiados directamente por las diputaciones provinciales, la Junta de Obras del Puerto de Valencia o para la vigilancia privada de las minas de Riotinto.

En esta época se estableció la obligación de los ayuntamientos de facilitar una casa cuartel a los guardias civiles destinados en sus localidades. Asimismo, se autorizó legalmente a los municipios, sociedades y propietarios rurales a realizar donaciones desinteresadas de caballos para garantizar la movilidad y operatividad del cuerpo.